Diagnóstico

Acuerdo de accionistas en empresas de tecnología: lo que protege y lo que no

Un convenio entre accionistas protege a fundadores e inversionistas, pero la ley limita lo que puede oponerse a la sociedad. Ahí empieza el diseño.

Equipo del área de Corporativo y Societario de LEXURE 7 min de lectura Vigencia normativa verificada en 2026

En una empresa de tec­no­lo­gía, el acuerdo de accio­nis­tas suele fir­marse con prisa, junto con la ronda, y se archiva. Se pone a prueba años des­pués, cuando un fun­da­dor sale, un socio quiere vender o un com­pra­dor ofrece adqui­rir el total. Lo que ese día pro­tege a la empresa depende, más que de la redac­ción del con­ve­nio, del docu­mento en que quedó escrito cada dere­cho.

Qué exige la norma

Lo que la ley per­mite pactar. En la socie­dad anó­nima, el artículo 198 de la Ley Gene­ral de Socie­da­des Mer­can­ti­les per­mite a los accio­nis­tas con­ve­nir opcio­nes de compra y venta de accio­nes: el dere­cho de acom­pa­ña­miento (vender solo si el com­pra­dor adquiere tam­bién una parte de las accio­nes de los demás), el dere­cho de arras­tre (exigir a otro socio que venda cuando se acepta una oferta en las mismas con­di­cio­nes), opcio­nes de compra y de venta a precio deter­mi­nado o deter­mi­na­ble, y com­pro­mi­sos de sus­crip­ción. Per­mite tam­bién acuer­dos sobre el dere­cho de pre­fe­ren­cia y sobre el ejer­ci­cio del voto. La Ley del Mer­cado de Valo­res repro­duce ese catá­logo para la S.A.P.I. y le agrega un pacto exclu­sivo de esa moda­li­dad, la obli­ga­ción de no com­pe­tir, limi­tada en tiempo, mate­ria y terri­to­rio, sin exce­der de tres años (artículo 16, frac­ción VI, inciso a).

El límite de estos con­ve­nios. Ambas leyes cie­rran con la misma regla: estos con­ve­nios no son opo­ni­bles a la socie­dad, salvo reso­lu­ción judi­cial. Por eso la socie­dad no está obli­gada a des­co­no­cer el voto emi­tido en contra del con­ve­nio ni a negar la ins­crip­ción de una trans­mi­sión en el regis­tro de accio­nes, y el incum­pli­miento se reclama entre las partes, como daños y per­jui­cios o como pena con­ven­cio­nal.

La pena con­ven­cio­nal. Las partes pueden fijar una pena para el incum­pli­miento, pero enton­ces no pueden recla­mar además daños y per­jui­cios (artículo 1840 del Código Civil Fede­ral), y la pena no puede exce­der en valor ni en cuan­tía a la obli­ga­ción prin­ci­pal (artículo 1843). En mate­ria mer­can­til, quien sufre el incum­pli­miento elige entre exigir el cum­pli­miento o la pena; al ejer­cer una vía se extin­gue la otra (artículo 88 del Código de Comer­cio).

Lo que sí se opone a la socie­dad. Lo que conste en los esta­tu­tos: en la S.A., la res­tric­ción a la trans­mi­sión de accio­nes sujeta a auto­ri­za­ción del con­sejo (artículo 130 de la ley gene­ral); en la S.A.P.I., el catá­logo del artículo 13 de la Ley del Mer­cado de Valo­res, que incluye res­tric­cio­nes de cual­quier natu­ra­leza a la trans­mi­sión, cau­sa­les de exclu­sión, accio­nes sin voto o con veto y meca­nis­mos de des­em­pate. La S.A.P.I. tam­bién puede adqui­rir sus pro­pias accio­nes previo acuerdo del con­sejo (artículo 17), lo que sirve de base para planes de accio­nes de emplea­dos y para la salida orde­nada de un socio.

La pro­pie­dad del software. La trans­mi­sión de dere­chos patri­mo­nia­les de autor debe cons­tar por escrito o es nula (artículo 30 de la Ley Fede­ral del Dere­cho de Autor). Si un fun­da­dor desa­rro­lló el código antes de cons­ti­tuir la socie­dad, el acuerdo de accio­nis­tas no sus­ti­tuye al con­trato de cesión.

Qué debe hacer y en qué plazo

  1. Antes de firmar, cla­si­fi­que cada cláu­sula en dos colum­nas: lo que debe opo­nerse a la socie­dad y a ter­ce­ros, que va al esta­tuto, y lo que solo obliga entre las partes, que va al con­ve­nio.
  2. Si la cláu­sula de no com­pe­ten­cia es para una S.A.P.I., limí­tela a tres años o menos y defina mate­ria y terri­to­rio. Fuera de la S.A.P.I., no existe ese plazo legal expreso y la cláu­sula debe jus­ti­fi­carse por otras vías.
  3. Diseñe la salida del fun­da­dor con opcio­nes de compra a precio deter­mi­na­ble y, si es S.A.P.I., con la recom­pra del artículo 17.
  4. Fije una pena con­ven­cio­nal pro­por­cio­nada a la obli­ga­ción y decida desde ahora si con­viene renun­ciar a recla­mar daños y per­jui­cios adi­cio­na­les.
  5. For­ma­lice por escrito la cesión del software y de las marcas que los fun­da­do­res apor­ta­ron antes de cons­ti­tuir la socie­dad.
  6. Si el con­ve­nio modi­fica dere­chos de voto o de trans­mi­sión, reforme los esta­tu­tos en la misma asam­blea en que se aprueba la ronda.

Recomendaciones para mitigar riesgos

El riesgo prin­ci­pal es des­cu­brir, justo cuando más se nece­sita, que el dere­cho pac­tado no se puede eje­cu­tar contra la socie­dad. La venta de un fun­da­dor hecha en contra del dere­cho de pre­fe­ren­cia del con­ve­nio puede ins­cri­birse como si nada hubiera ocu­rrido, y a la empresa solo le queda una recla­ma­ción de daños entre par­ti­cu­la­res. Una no com­pe­ten­cia de cinco años en una S.A.P.I. excede el límite legal y queda expuesta a impug­na­ción, mien­tras que un software sin cesión escrita no per­te­nece a la socie­dad, algo que el inver­sio­nista detec­tará en su revi­sión previa.

Cuando ni el esta­tuto ni el con­ve­nio prevén qué ocurre si los socios no logran acuerdo, el blo­queo ter­mina ante un juez y la ope­ra­ción queda dete­nida mien­tras tanto. En la S.A.P.I., los esta­tu­tos pueden fijar meca­nis­mos para el caso de des­acuerdo (artículo 13, frac­ción IV, de la Ley del Mer­cado de Valo­res), y el con­ve­nio puede defi­nir la vía de solu­ción de con­tro­ver­sias entre las partes.

Autoevaluación

Res­ponda sí o no sobre su propia empresa.

  1. ¿Las res­tric­cio­nes a la trans­mi­sión de accio­nes que pac­ta­ron cons­tan tam­bién en los esta­tu­tos?
  2. ¿Su cláu­sula de no com­pe­ten­cia entre accio­nis­tas res­peta el límite de tres años de la Ley del Mer­cado de Valo­res?
  3. ¿El con­ve­nio prevé cómo sale un fun­da­dor y a qué precio se valúan sus accio­nes?
  4. ¿La pena con­ven­cio­nal pac­tada guarda pro­por­ción con la obli­ga­ción prin­ci­pal?
  5. ¿Existe cesión escrita de los dere­chos sobre el software que los fun­da­do­res desa­rro­lla­ron antes de cons­ti­tuir la socie­dad?
  6. ¿Saben los accio­nis­tas que la socie­dad no está obli­gada a des­co­no­cer un voto emi­tido en contra del con­ve­nio?

Cómo lo abordamos en LEXURE

Redac­ta­mos el acuerdo de accio­nis­tas y la reforma de esta­tu­tos como un solo diseño, en el que cada dere­cho se ubica donde pro­duce el efecto que se busca. Tam­bién revi­sa­mos la cadena de titu­la­ri­dad del software y las marcas y cali­bra­mos penas y meca­nis­mos de salida. Deja­mos docu­men­tado qué puede exi­girse a la socie­dad y qué solo entre las partes, para que fun­da­do­res e inver­sio­nis­tas nego­cien sobre reglas que se pueden eje­cu­tar.

Si va a firmar o rene­go­ciar un acuerdo de accio­nis­tas, agende una reu­nión de diag­nós­tico con noso­tros antes de la firma.

Fundamento

  1. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 129, 130 y 198. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  2. Ley del Mercado de Valores, artículos 13, 16, fracción VI, y 17. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  3. Código Civil Federal, artículos 1840 y 1843. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  4. Código de Comercio, artículo 88. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  5. Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 30. Texto vigente (se abre en otra pestaña)

Esta nota es informativa y describe la norma vigente a la fecha de verificación. No constituye opinión legal sobre un caso concreto.