Protocolo familiar: cuándo obliga y cuándo es solo una declaración de buenas intenciones

01Qué exige la norma

No existe una ley del pro­to­colo fami­liar: ningún orde­na­miento fede­ral lo regula como figura propia. Sus reglas obli­gan solo en la medida en que se tras­la­dan a ins­tru­men­tos que la ley reco­noce. El pro­to­colo man­tiene su valor a con­di­ción de tra­tarlo como un pro­yecto que se eje­cuta en cuatro ins­tru­men­tos.

Primer ins­tru­mento: los esta­tu­tos. Es lo único que se opone a la socie­dad y a ter­ce­ros. En la socie­dad anó­nima, los esta­tu­tos pueden exigir auto­ri­za­ción del con­sejo para trans­mi­tir accio­nes, y el con­sejo puede negarla desig­nando un com­pra­dor al precio corriente (artículo 130 de la Ley Gene­ral de Socie­da­des Mer­can­ti­les). Pueden prever clases de accio­nes con dere­chos dis­tin­tos (artículo 112). Si la empresa adopta la moda­li­dad de S.A.P.I., el aba­nico se amplía: res­tric­cio­nes de cual­quier natu­ra­leza a la trans­mi­sión, cau­sa­les de exclu­sión y meca­nis­mos de des­em­pate (artículo 13 de la Ley del Mer­cado de Valo­res).

Segundo ins­tru­mento: el con­ve­nio entre accio­nis­tas. Sirve para pactar dere­chos de pre­fe­ren­cia, opcio­nes de compra y venta y acuer­dos de voto (artículo 198 de la ley gene­ral). Como no se opone a la socie­dad, salvo reso­lu­ción judi­cial, ordena las rela­cio­nes de la fami­lia entre sí, pero no alcanza para blo­quear un acto frente a la empresa.

Tercer ins­tru­mento: el fidei­co­miso. Per­mite que una ins­ti­tu­ción fidu­cia­ria reciba las accio­nes y las admi­nis­tre para los fines que la fami­lia deter­mine (artículo 381 de la Ley Gene­ral de Títu­los y Ope­ra­cio­nes de Cré­dito). La ley le impone dos lími­tes que el pro­to­colo debe res­pe­tar: están prohi­bi­dos los fidei­co­mi­sos secre­tos y los que duren más de cin­cuenta años cuando el bene­fi­cia­rio sea una per­sona moral que no sea de dere­cho público o ins­ti­tu­ción de bene­fi­cen­cia (artículo 394). Además, en un fidei­co­miso se con­si­de­ran bene­fi­cia­rios con­tro­la­do­res el fidei­co­mi­tente, el fidu­cia­rio, el fidei­co­mi­sa­rio y cual­quier per­sona que ejerza el con­trol efec­tivo (artículo 32-B Quáter del Código Fiscal de la Fede­ra­ción), con la obli­ga­ción de iden­ti­fi­car­los y man­te­ner la infor­ma­ción actua­li­zada.

Cuarto ins­tru­mento: el tes­ta­mento. Es un acto per­so­na­lí­simo, revo­ca­ble y libre (artículo 1295 del Código Civil Fede­ral). El pro­to­colo no puede obli­gar a nadie a testar de cierta forma; puede reco­men­dar, y cada socio debe otor­gar su propio tes­ta­mento en con­gruen­cia con los esta­tu­tos. Si no lo hace, las accio­nes pasan a los here­de­ros con­forme a la ley, y la socie­dad reco­no­cerá como dueño a quien apa­rezca ins­crito en el regis­tro de accio­nes (artículo 129 de la ley gene­ral). Si varios here­de­ros reci­ben en copro­pie­dad una misma acción, deben nom­brar un repre­sen­tante común; si no se ponen de acuerdo, lo nombra un juez (artículo 122), y en una empresa fami­liar esa regla puede dejar el voto deci­sivo en manos de una per­sona que nadie eligió.

El gobierno cor­po­ra­tivo. El Código de Prin­ci­pios y Mejo­res Prác­ti­cas de Gobierno Cor­po­ra­tivo del Con­sejo Coor­di­na­dor Empre­sa­rial, en su edi­ción 2025, ofrece una refe­ren­cia útil para inte­grar con­sejo y comi­tés. Su adop­ción es volun­ta­ria y gra­dual.