Antilavado: la reforma de 2025 y las reglas que entran en vigor el 30 de noviembre de 2026

01Qué cambia para su empresa

Quién está obli­gado. La Ley Fede­ral para la Pre­ven­ción e Iden­ti­fi­ca­ción de Ope­ra­cio­nes con Recur­sos de Pro­ce­den­cia Ilí­cita obliga a quie­nes rea­li­zan acti­vi­da­des vul­ne­ra­bles. En tec­no­lo­gía y ser­vi­cios finan­cie­ros no regu­la­dos, las de mayor pre­sen­cia están en el artículo 17, frac­cio­nes II, IV y XVI. El otor­ga­miento de prés­ta­mos o cré­di­tos por per­so­nas dis­tin­tas de las enti­da­des finan­cie­ras exige aviso a partir de 1,605 UMA (188,282.55 pesos; ciento ochenta y ocho mil dos­cien­tos ochenta y dos pesos con cin­cuenta y cinco cen­ta­vos). La emi­sión de tar­je­tas pre­pa­ga­das e ins­tru­men­tos de alma­ce­na­miento de valor tam­bién es acti­vi­dad vul­ne­ra­ble. En el inter­cam­bio de acti­vos vir­tua­les por suje­tos dis­tin­tos de las enti­da­des finan­cie­ras, inclui­das las ope­ra­cio­nes con mexi­ca­nos desde otra juris­dic­ción, el aviso pro­cede cuando la ope­ra­ción de un cliente alcance 210 UMA (24,635.10 pesos; vein­ti­cua­tro mil seis­cien­tos treinta y cinco pesos con diez cen­ta­vos) o cuando la contra­pres­ta­ción cobrada alcance 4 UMA (469.24 pesos; cua­tro­cien­tos ses­enta y nueve pesos con vein­ti­cua­tro cen­ta­vos).

El aviso por sos­pe­cha en 24 horas. Cuando haya sos­pe­cha o infor­ma­ción basada en hechos o indi­cios de que los recur­sos pudie­ran pro­ve­nir o des­ti­narse a ope­ra­cio­nes con recur­sos de pro­ce­den­cia ilí­cita, el aviso debe pre­sen­tarse dentro de las 24 horas siguien­tes, aunque el acto u ope­ra­ción no se haya cele­brado (artículo 18, frac­ción VI).

Las obli­ga­cio­nes de ges­tión de riesgo. La reforma agregó al artículo 18 cinco obli­ga­cio­nes nuevas:

1. Eva­lua­ción con enfo­que basado en ries­gos (frac­ción VII).
2. Manual de polí­ti­cas inter­nas, incluido el segui­miento de per­so­nas polí­ti­ca­mente expues­tas (frac­ción VIII).
3. Pro­ce­sos de selec­ción de per­so­nal y capa­ci­ta­ción anual (frac­ción IX).
4. Meca­nis­mos auto­ma­ti­za­dos de moni­to­reo (frac­ción X).
5. Revi­sión anual por audi­to­ría interna o externa inde­pen­diente; externa obli­ga­to­ria si el riesgo es alto (frac­ción XI).

El calen­da­rio de las reglas. El acuerdo publi­cado el 7 de agosto de 2026 entra en vigor el 30 de noviem­bre de 2026 (tran­si­to­rio pri­mero) y esca­lona sus obli­ga­cio­nes de esta forma:

1. 1 de marzo de 2027: la eva­lua­ción de riesgo y el manual con su meto­do­lo­gía deben estar dis­po­ni­bles a reque­ri­miento de la auto­ri­dad, y apli­can los pro­ce­di­mien­tos de selec­ción para nuevas con­tra­ta­cio­nes (tran­si­to­rios segundo, ter­cero y sexto).
2. 1 de enero al 31 de diciem­bre de 2027: primer periodo anual de capa­ci­ta­ción (tran­si­to­rio sép­timo).
3. 1 de junio de 2027: deben operar los meca­nis­mos auto­ma­ti­za­dos de moni­to­reo (tran­si­to­rio noveno).
4. Año 2028: primer periodo de revi­sión de audi­to­ría (tran­si­to­rio octavo).