Diagnóstico

Secretos industriales: por qué la información de su planta puede no estar protegida

La ley protege el secreto industrial solo si la empresa adoptó medidas para guardarlo y advirtió de su confidencialidad. Sin evidencia, no hay secreto.

Equipo del área de Propiedad Industrial e Intelectual de LEXURE 7 min de lectura Vigencia normativa verificada en 2026

Las fór­mu­las, los pará­me­tros de pro­ceso, las listas de pro­vee­do­res y los costos de una planta suelen valer más que muchas de sus máqui­nas. Cuando un inge­niero se va a la com­pe­ten­cia con esa infor­ma­ción, la empresa des­cu­bre si la ley la pro­te­gía, y casi siem­pre la res­puesta depende de lo que hizo antes de esa salida.

Qué exige la norma

Qué es un secreto indus­trial. Es toda infor­ma­ción de apli­ca­ción indus­trial o comer­cial que guarde con carác­ter con­fi­den­cial quien ejerce su con­trol legal, que le sig­ni­fi­que obte­ner o man­te­ner una ven­taja com­pe­ti­tiva o eco­nó­mica frente a ter­ce­ros, y res­pecto de la cual se hayan adop­tado los medios o sis­te­mas sufi­cien­tes para pre­ser­var su con­fi­den­cia­li­dad y el acceso res­trin­gido (artículo 163, frac­ción I, de la Ley Fede­ral de Pro­tec­ción a la Pro­pie­dad Indus­trial). Puede cons­tar en docu­men­tos, medios elec­tró­ni­cos o cual­quier otro soporte.

Requi­si­tos acu­mu­la­ti­vos. Si falta cual­quiera de los tres, no hay secreto indus­trial. La infor­ma­ción del domi­nio público, la gene­ral­mente cono­cida en el sector o la que debe divul­garse por ley no cali­fica. En cambio, la infor­ma­ción entre­gada a una auto­ri­dad para obte­ner per­mi­sos o regis­tros no pierde por ello su carác­ter con­fi­den­cial.

La pre­ven­ción de con­fi­den­cia­li­dad. Quien con motivo de su tra­bajo, empleo, cargo, pro­fe­sión o rela­ción de nego­cios tenga acceso a un secreto indus­trial del cual se le haya pre­ve­nido sobre su con­fi­den­cia­li­dad, debe abs­te­nerse de divul­garlo sin con­sen­ti­miento de su titu­lar (artículo 166); sin esa pre­ven­ción docu­men­tada, el deber del ter­cero se debi­lita.

Lo que no es apro­pia­ción inde­bida. No lo son el des­cu­bri­miento o la crea­ción inde­pen­dien­tes, la inge­nie­ría inversa de un pro­ducto líci­ta­mente dis­po­ni­ble sin obli­ga­ción de con­fi­den­cia­li­dad, ni la adqui­si­ción legí­tima de un ter­cero que no tenía obli­ga­ción de con­fi­den­cia­li­dad (artículo 164).

Quien con­trata para obte­ner secre­tos. Res­ponde la per­sona física o moral que con­trate a un tra­ba­ja­dor de otra empresa con el fin de obte­ner sus secre­tos indus­tria­les (artículo 167). Esa regla pro­tege a la empresa frente a la com­pe­ten­cia, pero tam­bién la obliga a cuidar lo que traen sus nuevas con­tra­ta­cio­nes.

En la rela­ción labo­ral. Los tra­ba­ja­do­res están obli­ga­dos a guar­dar escru­pu­lo­sa­mente los secre­tos téc­ni­cos, comer­cia­les y de fabri­ca­ción de los pro­duc­tos en cuya ela­bo­ra­ción par­ti­ci­pan o que cono­cen por su tra­bajo (artículo 134, frac­ción XIII, de la Ley Fede­ral del Tra­bajo), y reve­lar­los con per­jui­cio de la empresa es causa de res­ci­sión sin res­pon­sa­bi­li­dad para el patrón (artículo 47, frac­ción IX).

El secreto en juicio. En los pro­ce­di­mien­tos judi­cia­les o admi­nis­tra­ti­vos, la auto­ri­dad debe adop­tar medi­das para impe­dir la divul­ga­ción de los secre­tos indus­tria­les que se pre­sen­ten como prueba, y la prohi­bi­ción alcanza a partes, repre­sen­tan­tes, peri­tos y ser­vi­do­res públi­cos (artículo 169), de modo que defen­der un secreto no obliga a hacerlo público.

En los con­tra­tos. En con­ve­nios de trans­mi­sión de cono­ci­mien­tos téc­ni­cos o asis­ten­cia téc­nica pueden pac­tarse cláu­su­las de con­fi­den­cia­li­dad, que deben pre­ci­sar los aspec­tos que se con­si­de­ran con­fi­den­cia­les (artículo 165).

Qué debe hacer y en qué plazo

  1. Iden­ti­fi­que por escrito la infor­ma­ción que su empresa con­si­dera secreto indus­trial: fór­mu­las, pará­me­tros, pro­ce­sos, costos, listas de clien­tes y pro­vee­do­res.
  2. Res­trinja el acceso a esa infor­ma­ción a quien la nece­sita, con con­tro­les físi­cos y téc­ni­cos docu­men­ta­dos.
  3. Pre­venga por escrito de su con­fi­den­cia­li­dad a cada empleado, pro­vee­dor, cliente y con­sul­tor que tenga acceso, y con­serve el acuse.
  4. Incluya cláu­su­las de con­fi­den­cia­li­dad que iden­ti­fi­quen la infor­ma­ción pro­te­gida en con­tra­tos de tra­bajo, de maquila, de sumi­nis­tro y de asis­ten­cia téc­nica.
  5. Marque los docu­men­tos con­fi­den­cia­les y regis­tre quién accede a ellos.
  6. Al con­tra­tar per­so­nal que pro­viene de un com­pe­ti­dor, deje cons­tan­cia de que no debe traer ni usar infor­ma­ción de su emplea­dor ante­rior.
  7. Al ter­mi­nar una rela­ción labo­ral o comer­cial, recu­pere la infor­ma­ción y recuerde por escrito la obli­ga­ción de con­fi­den­cia­li­dad.
  8. Defina el pro­ce­di­miento ante una fuga: pre­ser­var evi­den­cia, revi­sar acce­sos, eva­luar la que­re­lla penal y soli­ci­tar las medi­das pro­vi­sio­na­les que prevé la ley.

Recomendaciones para mitigar riesgos

Sin evi­den­cia de las medi­das de pro­tec­ción y de la pre­ven­ción de con­fi­den­cia­li­dad, la empresa puede no tener un secreto indus­trial que defen­der. En ese caso, lo único que queda es la vía con­trac­tual contra quien firmó un com­pro­miso de con­fi­den­cia­li­dad, si es que lo firmó, y la infor­ma­ción ya cir­cula en el mer­cado. Si las tiene, la ley ofrece dos vías. La admi­nis­tra­tiva: apro­piarse inde­bi­da­mente de un secreto indus­trial es infrac­ción (artículo 386, frac­ción XIV), san­cio­na­ble con multa hasta por 250,000 UMA (29,327,500 pesos; vein­ti­nueve millo­nes tres­cien­tos veinti­siete mil qui­nien­tos pesos) por cada con­ducta y multa adi­cio­nal hasta por 1,000 UMA (117,310 pesos; ciento die­ci­siete mil tres­cien­tos diez pesos) por cada día que per­sista (artículo 388). La penal: divul­gar, apo­de­rarse, usar o apro­piarse inde­bi­da­mente de un secreto indus­trial es delito (artículo 402, frac­cio­nes III a VI), con pri­sión de dos a seis años y multa de 1,000 a 300,000 UMA (de 117,310 a 35,193,000 pesos; de ciento die­ci­siete mil tres­cien­tos diez pesos a treinta y cinco millo­nes ciento noventa y tres mil pesos), con­forme al artículo 403, que se per­si­gue por que­re­lla de la empresa afec­tada.

Autoevaluación

Res­ponda sí o no sobre su propia planta.

  1. ¿Tiene iden­ti­fi­cada por escrito la infor­ma­ción que con­si­dera secreto indus­trial?
  2. ¿El acceso a esa infor­ma­ción está res­trin­gido y docu­men­tado?
  3. ¿Cada per­sona con acceso firmó una pre­ven­ción de con­fi­den­cia­li­dad?
  4. ¿Sus con­tra­tos de maquila, sumi­nis­tro y asis­ten­cia téc­nica iden­ti­fi­can la infor­ma­ción con­fi­den­cial?
  5. ¿Al con­tra­tar per­so­nal de un com­pe­ti­dor deja cons­tan­cia de que no debe traer infor­ma­ción ajena?
  6. ¿Recu­pera la infor­ma­ción y recuerda la obli­ga­ción al ter­mi­nar cada rela­ción?
  7. ¿Sabe qué haría en las pri­me­ras cua­renta y ocho horas des­pués de detec­tar una fuga de infor­ma­ción?

Cómo lo abordamos en LEXURE

Cons­trui­mos el pro­grama de pro­tec­ción de secre­tos indus­tria­les de su planta: inven­ta­rio de infor­ma­ción, medi­das de acceso, pre­ven­cio­nes de con­fi­den­cia­li­dad, cláu­su­las con­trac­tua­les y pro­ce­di­miento de salida de per­so­nal. El obje­tivo es que, si un día la infor­ma­ción se fuga, la empresa tenga la evi­den­cia que la ley exige para actuar.

Si la infor­ma­ción más valiosa de su empresa no está iden­ti­fi­cada ni res­guar­dada por escrito, agende una reu­nión de diag­nós­tico con noso­tros.

Fundamento

  1. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículos 163 a 167, 169, 344, 386, fracción XIV, 388, 402 y 403. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  2. Ley Federal del Trabajo, artículos 47, fracción IX, y 134, fracción XIII. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  3. Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2026, INEGI. Publicación oficial (se abre en otra pestaña)

Esta nota es informativa y describe la norma vigente a la fecha de verificación. No constituye opinión legal sobre un caso concreto.