Documentación extranjera en México: apostilla, traducción y poderes que sí sirven

01Qué exige la norma

La auten­ti­ca­ción. En los jui­cios mer­can­ti­les, los docu­men­tos públi­cos extran­je­ros deben pre­sen­tarse lega­li­za­dos por las auto­ri­da­des con­su­la­res mexi­ca­nas para hacer fe (artículo 1248 del Código de Comer­cio), salvo que se hayan trans­mi­tido por con­ducto ofi­cial o que exista un tra­tado con el país de origen que exima de la lega­li­za­ción (artículo 1249). La Con­ven­ción de La Haya que suprime la lega­li­za­ción de docu­men­tos públi­cos extran­je­ros es ese tipo de tra­tado: entre países parte, la lega­li­za­ción se sus­ti­tuye por la apos­ti­lla. El Código Nacio­nal de Pro­ce­di­mien­tos Civi­les y Fami­lia­res reco­noce los docu­men­tos públi­cos extran­je­ros cuando se pre­sen­tan debi­da­mente apos­ti­lla­dos o lega­li­za­dos, y prevé que, si es impo­si­ble obte­ner la lega­li­za­ción, se sus­ti­tuya por otra prueba ade­cuada de auten­ti­ci­dad (artícu­los 314 y 1144).

La tra­duc­ción. Los docu­men­tos redac­ta­dos en idioma extran­jero deben acom­pa­ñarse de su tra­duc­ción al espa­ñol (artículo 1055, frac­ción II, del Código de Comer­cio). En el pro­ce­di­miento civil, si la contra­parte no está con­forme con la tra­duc­ción, debe pre­sen­tar en tres días la de un perito tra­duc­tor, y si las tra­duc­cio­nes difie­ren, la auto­ri­dad ordena una a cargo de un perito tra­duc­tor ofi­cial o una ins­ti­tu­ción edu­ca­tiva (artículo 315 del Código Nacio­nal de Pro­ce­di­mien­tos Civi­les y Fami­lia­res). Por eso con­viene pre­sen­tar desde el inicio una tra­duc­ción peri­cial, que evita esa dis­cu­sión.

La pro­to­co­li­za­ción para ins­cri­bir. Los docu­men­tos de pro­ce­den­cia extran­jera que se refie­ran a actos ins­cri­bi­bles pueden cons­tar pre­via­mente en ins­tru­mento público otor­gado ante nota­rio o corre­dor público para su ins­crip­ción en el Regis­tro Público de Comer­cio (artículo 26 del Código de Comer­cio). Los actos que deben ins­cri­birse y no se ins­cri­ben solo pro­du­cen efec­tos entre quie­nes los cele­bran (artículo 27).

Los pode­res. Un poder gene­ral otor­gado en el extran­jero debe per­mi­tir iden­ti­fi­car con cla­ri­dad si con­fiere facul­ta­des de plei­tos y cobran­zas, de admi­nis­tra­ción o de domi­nio, porque en México esas cate­go­rías tienen alcan­ces dis­tin­tos (artículo 2554 del Código Civil Fede­ral). Un poder redac­tado con fór­mu­las ajenas a ese esquema suele gene­rar dudas sobre su alcance ante nota­rios, bancos y auto­ri­da­des.

La forma y la revo­ca­ción del poder. Con­forme al dere­cho mexi­cano, el man­dato gene­ral debe otor­garse en escri­tura pública o en carta poder fir­mada ante dos tes­ti­gos con firmas rati­fi­ca­das ante nota­rio o auto­ri­dad (artículo 2555 del Código Civil Fede­ral). Un poder gene­ral otor­gado en el extran­jero debe, por tanto, cons­tar ante feda­ta­rio en su país, auten­ti­carse y tra­du­cirse. Cuando un apo­de­rado deja la empresa, la revo­ca­ción debe noti­fi­carse a las per­so­nas con quie­nes tra­taba; de lo con­tra­rio, la empresa queda obli­gada por lo que haga des­pués (artículo 2597).

El nuevo código pro­ce­sal. El Código Nacio­nal de Pro­ce­di­mien­tos Civi­les y Fami­lia­res entra en vigor de forma gra­dual, a más tardar el 1 de abril de 2027, y será suple­to­rio en los jui­cios mer­can­ti­les con­forme a la reforma al Código de Comer­cio publi­cada el 14 de noviem­bre de 2025.