Diagnóstico

Contrato de software como servicio: quién paga cuando la plataforma falla

No existe una ley del SaaS en México. El riesgo de una caída se reparte con cláusulas que el Código Civil Federal permite pactar y también limita.

Equipo del área de Contratos Mercantiles de LEXURE 7 min de lectura Vigencia normativa verificada en 2026

Cuando una pla­ta­forma deja de operar durante una jor­nada de cierre, la mesa direc­tiva quiere saber quién absorbe la pér­dida. Como no hay un orde­na­miento espe­cial para el software como ser­vi­cio, la res­puesta casi nunca está en la ley; suele estar en el con­trato y en lo que el con­trato puede y no puede excluir.

Qué exige la norma

La res­pon­sa­bi­li­dad puede pac­tarse, con un límite. La res­pon­sa­bi­li­dad civil puede regu­larse por con­ve­nio de las partes, salvo los casos en que la ley dis­ponga otra cosa (artículo 2117 del Código Civil Fede­ral, apli­ca­ble de forma suple­to­ria a los con­tra­tos mer­can­ti­les por el artículo 2o. del Código de Comer­cio). Esa es la base legal de los topes de res­pon­sa­bi­li­dad. El límite es impe­ra­tivo: la res­pon­sa­bi­li­dad que pro­cede del dolo es exi­gi­ble en todas las obli­ga­cio­nes y la renun­cia a hacerla efec­tiva es nula (artículo 2106), de modo que ningún tope pro­tege al pro­vee­dor que actúa con dolo.

Qué se indem­niza. Quien no presta el ser­vi­cio con­forme a lo con­ve­nido res­ponde de daños y per­jui­cios (artículo 2104). Daño es la pér­dida o menos­cabo en el patri­mo­nio; per­jui­cio, la ganan­cia lícita que se dejó de obte­ner (artícu­los 2108 y 2109). Ambos deben ser con­se­cuen­cia inme­diata y directa del incum­pli­miento (artículo 2110). Por eso las cláu­su­las que exclu­yen el lucro cesante o los daños indi­rec­tos solo tienen sen­tido si defi­nen con pre­ci­sión qué se con­si­dera indi­recto.

El caso for­tuito. Nadie res­ponde del caso for­tuito, salvo que haya dado causa o con­tri­buido a él, que haya acep­tado expre­sa­mente esa res­pon­sa­bi­li­dad o que la ley se la imponga (artículo 2111). Una cláu­sula de fuerza mayor que incluya como causa exclu­yente la falla de un sub­con­tra­tista del propio pro­vee­dor des­plaza al cliente un riesgo que la ley, por sí sola, no le asigna.

Los cré­di­tos de ser­vi­cio son una pena con­ven­cio­nal. La boni­fi­ca­ción que el con­trato fija por incum­plir el nivel de dis­po­ni­bi­li­dad opera como pena con­ven­cio­nal. Si las partes la esti­pu­lan, no pueden recla­marse además daños y per­jui­cios (artículo 1840), y la pena no puede exce­der en valor ni en cuan­tía a la obli­ga­ción prin­ci­pal (artículo 1843). En mate­ria mer­can­til, el afec­tado elige entre exigir el cum­pli­miento o la pena; al optar por una vía, se extin­gue la otra (artículo 88 del Código de Comer­cio). Un cré­dito de ser­vi­cio pequeño, sin acla­rar que no excluye otras recla­ma­cio­nes, puede con­ver­tirse en el único reme­dio del cliente.

El plazo para recla­mar. La pres­crip­ción ordi­na­ria en mate­ria comer­cial es de diez años, salvo que el Código de Comer­cio fije un plazo más corto (artículo 1047). Un con­trato que obliga al cliente a recla­mar en pocos días bajo pena de perder su dere­cho merece revi­sión cui­da­dosa; frente a con­su­mi­do­res, la cláu­sula que prevea plazos de pres­crip­ción infe­rio­res a los lega­les se tiene por no puesta (artículo 90, frac­ción IV, de la Ley Fede­ral de Pro­tec­ción al Con­su­mi­dor).

Cuando hay con­su­mi­do­res o datos per­so­na­les. Si el ser­vi­cio se ofrece a con­su­mi­do­res, la cláu­sula que libere al pro­vee­dor de su res­pon­sa­bi­li­dad civil se tiene por no puesta, salvo que el con­su­mi­dor incum­pla (artículo 90, frac­ción II, de la Ley Fede­ral de Pro­tec­ción al Con­su­mi­dor). Si el pro­vee­dor trata datos per­so­na­les por cuenta del cliente, es per­sona encar­gada en tér­mi­nos de la ley de la mate­ria, y el titu­lar afec­tado puede recla­mar la indem­ni­za­ción que pro­ceda tanto al res­pon­sa­ble como al encar­gado (artícu­los 2o., frac­ción XII, y 53 de la Ley Fede­ral de Pro­tec­ción de Datos Per­so­na­les en Pose­sión de los Par­ti­cu­la­res).

Qué debe hacer y en qué plazo

  1. Antes de firmar o reno­var, defina por escrito el nivel de dis­po­ni­bi­li­dad, cómo se mide, qué ven­ta­nas de man­te­ni­miento se exclu­yen y quién lleva el regis­tro.
  2. Si pacta cré­di­tos de ser­vi­cio, decida de forma expresa si son el único reme­dio o si dejan a salvo la recla­ma­ción de daños por incum­pli­mien­tos graves.
  3. Fije el tope de res­pon­sa­bi­li­dad con una base de cál­culo clara, por ejem­plo una pro­por­ción de lo pagado en un periodo, y excluya del tope el dolo, la vio­la­ción de con­fi­den­cia­li­dad y los inci­den­tes de datos per­so­na­les.
  4. Revise la cláu­sula de fuerza mayor para que no incluya fallas de los sub­con­tra­tis­tas del pro­vee­dor ni de su propia infra­es­truc­tura.
  5. Pacte la devo­lu­ción de la infor­ma­ción en un for­mato uti­li­za­ble y un plazo de tran­si­ción al ter­mi­nar el con­trato.
  6. Con­serve el con­trato y sus anexos por al menos diez años, como exige el artículo 49 del Código de Comer­cio.

Recomendaciones para mitigar riesgos

El riesgo prin­ci­pal es con­trac­tual: absor­ber pér­di­das que causó el pro­vee­dor porque el con­trato lo pro­tege más de lo nece­sa­rio. El cliente que acepta un cré­dito de ser­vi­cio como pena con­ven­cio­nal, sin reserva expresa, renun­cia en los hechos a recla­mar daños mayo­res. Si el pro­vee­dor trata datos per­so­na­les y ocurre una vul­ne­ra­ción impu­ta­ble al res­pon­sa­ble, la multa va de 200 a 320,000 UMA (de 23,462 a 37,539,200 pesos; de vein­ti­trés mil cua­tro­cien­tos ses­enta y dos pesos a treinta y siete millo­nes qui­nien­tos treinta y nueve mil dos­cien­tos pesos), con­forme a los artícu­los 58, frac­ción XI, y 59, frac­ción III, de la ley de datos per­so­na­les. Esa multa recae sobre el res­pon­sa­ble, no sobre el pro­vee­dor, y el con­trato es la única vía para tras­la­dar al pro­vee­dor el costo de su falla.

Autoevaluación

Res­ponda sí o no sobre los con­tra­tos de software que su empresa firma o vende.

  1. ¿El con­trato define cómo se mide la dis­po­ni­bi­li­dad y quién lleva el regis­tro?
  2. ¿Sabe si los cré­di­tos de ser­vi­cio pac­ta­dos exclu­yen la recla­ma­ción de daños?
  3. ¿El tope de res­pon­sa­bi­li­dad excluye el dolo, la con­fi­den­cia­li­dad y los inci­den­tes de datos?
  4. ¿La cláu­sula de fuerza mayor deja fuera las fallas de los sub­con­tra­tis­tas del pro­vee­dor?
  5. ¿El con­trato prevé la devo­lu­ción de su infor­ma­ción y un periodo de tran­si­ción al ter­mi­nar?
  6. Si su pla­ta­forma se vende a con­su­mi­do­res, ¿sus tér­mi­nos evitan cláu­su­las que exclu­yan la res­pon­sa­bi­li­dad civil?

Cómo lo abordamos en LEXURE

Revi­sa­mos el con­trato desde el esce­na­rio de falla: qué ocurre si la pla­ta­forma se detiene, si se pierde infor­ma­ción o si hay una vul­ne­ra­ción de datos. A partir de ese aná­li­sis ajus­ta­mos nive­les de ser­vi­cio, cré­di­tos, topes, exclu­sio­nes y salida, de modo que cada riesgo quede asig­nado a quien puede con­tro­larlo y el reme­dio pac­tado guarde pro­por­ción con el daño posi­ble.

Si su empresa depende de una pla­ta­forma crí­tica o la ofrece a sus clien­tes, agende una reu­nión de diag­nós­tico con noso­tros y revi­se­mos el con­trato antes de la próxima reno­va­ción.

Fundamento

  1. Código Civil Federal, artículos 1840, 1843, 2104, 2106, 2108 a 2111 y 2117. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  2. Código de Comercio, artículos 2o., 49, 88 y 1047. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  3. Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 90, fracciones II y IV. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  4. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, artículos 2o., fracción XII, 53, 58, fracción XI, y 59, fracción III. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
  5. Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2026, INEGI. Publicación oficial (se abre en otra pestaña)

Esta nota es informativa y describe la norma vigente a la fecha de verificación. No constituye opinión legal sobre un caso concreto.