Durante años, contratar una suscripción digital tomaba un clic, y cancelarla, una llamada. La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada el 12 de diciembre de 2025 corrigió esa asimetría, y cualquier plataforma que cobre de forma recurrente a consumidores debe ajustar tanto su producto como su texto legal.
Qué cambia para su empresa
La reforma adicionó dos fracciones al artículo 76 Bis de la ley, que regula las transacciones con consumidores por medios electrónicos:
- Información y consentimiento (fracción VIII): el proveedor debe informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, con su periodicidad, monto y fecha de cobro. Esos cobros requieren consentimiento expreso e informado de la persona consumidora.
- Aviso de renovación (fracción VIII): cuando el contrato prevea la renovación automática, el proveedor debe notificarla al menos con cinco días naturales de anticipación y permitir la cancelación sin penalización.
- Cancelación inmediata (fracción IX): el proveedor debe implementar mecanismos que permitan cancelar el servicio, la suscripción o la membresía de manera inmediata, sin contravenir las disposiciones contractuales.
Estas obligaciones se suman a las que ya tenía el comercio electrónico con consumidores: informar antes de la transacción los términos, condiciones, costos, cargos adicionales y formas de pago, y respetar la decisión del consumidor de no recibir avisos comerciales (fracciones V y VI del mismo artículo).
La ley protege al consumidor, que es la persona física o moral que adquiere el servicio como destinataria final (artículo 2o., fracción I). Si su plataforma vende a empresas que integran el servicio a su propia operación, por regla general rige el régimen de los contratos mercantiles, con las excepciones limitadas que prevé ese mismo artículo. Si vende a personas que usan el servicio como destinatarias finales, la reforma le aplica de lleno.
Además, sus términos y condiciones son un contrato de adhesión. Deben estar en español, con caracteres legibles a simple vista (artículo 85), y se tienen por no puestas las cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente el contrato, liberarse de su responsabilidad civil o someter al consumidor a tribunales extranjeros (artículo 90). Esas cláusulas son frecuentes en los términos traducidos de modelos extranjeros.
Qué debe hacer y en qué plazo
La reforma está vigente desde el día siguiente a su publicación, así que, si su plataforma aún no se ajustó, ya está en incumplimiento.
- Revise el flujo de contratación para que el cobro recurrente, su periodicidad, monto y fecha aparezcan de forma destacada antes de confirmar, y no solo dentro de los términos.
- Obtenga un consentimiento expreso y separado para el cobro recurrente, y conserve la evidencia de cada aceptación.
- Programe un aviso automático de renovación con al menos cinco días naturales de anticipación, con la opción de cancelar sin penalización.
- Habilite un mecanismo de cancelación inmediata en el mismo canal en que se contrató, sin llamadas ni trámites adicionales como condición.
- Elimine de los términos las cláusulas de modificación unilateral, exclusión de responsabilidad y jurisdicción extranjera, y verifique que el texto esté en español.
- Para los clientes que contrataron antes de la reforma, aplique el aviso previo y la cancelación inmediata a partir de la siguiente renovación, y documente el consentimiento expreso para los cobros que continúen.
- Capacite a su equipo de atención para procesar de inmediato las cancelaciones que lleguen por otros canales, y registre fecha y hora de cada una.
Recomendaciones para mitigar riesgos
El incumplimiento del artículo 76 Bis se sanciona con multa de 1,093.02 pesos (mil noventa y tres pesos con dos centavos) a 4,274,960.73 pesos (cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos con setenta y tres centavos), conforme al artículo 128 de la ley, con montos actualizados por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2025.
En casos particularmente graves, como aquellos en que seguir operando pueda afectar los derechos de un grupo de consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor puede imponer clausura total o parcial hasta por noventa días y multa de 228,266.96 pesos (doscientos veintiocho mil doscientos sesenta y seis pesos con noventa y seis centavos) a 6,391,474.56 pesos (seis millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos), conforme a los artículos 128 Bis y 128 Ter.
A la multa se suma el efecto comercial: un cobro recurrente sin consentimiento demostrable es difícil de defender ante una aclaración bancaria o una queja colectiva.
Cómo lo abordamos en LEXURE
Revisamos el recorrido completo del usuario, desde la pantalla de alta hasta la cancelación, junto con los términos y el aviso de privacidad. Entregamos los ajustes de texto y las especificaciones de producto que su equipo necesita para que la plataforma cumpla y pueda demostrarlo.
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Fundamento
- Ley Federal de Protección al Consumidor, última reforma DOF 12 de diciembre de 2025, artículos 2o., fracción I, 76 Bis, fracciones V, VI, VIII y IX, 85, 90, 128, 128 Bis y 128 Ter. Texto vigente (se abre en otra pestaña)
Esta nota es informativa y describe la norma vigente a la fecha de verificación. No constituye opinión legal sobre un caso concreto.