Comisión Nacional Antimonopolio: la reforma de 2025 y lo que cambió para las empresas

01Qué cambia para su empresa

Una auto­ri­dad dis­tinta. La Comi­sión Nacio­nal Anti­mo­no­po­lio es hoy la auto­ri­dad en la mate­ria (artículo 3o., frac­ción V). Es un orga­nismo público des­cen­tra­li­zado sec­to­ri­zado a la Secre­ta­ría de Eco­no­mía, con inde­pen­den­cia téc­nica y ope­ra­tiva (artículo 10). Toda refe­ren­cia nor­ma­tiva a la comi­sión ante­rior se entiende hecha a la nueva (tran­si­to­rio sexto), y los actos y reso­lu­cio­nes pre­vios siguen sur­tiendo efec­tos (tran­si­to­rio sép­timo).

El inter­cam­bio de infor­ma­ción, dentro del acuerdo ilí­cito. Son prác­ti­cas mono­pó­li­cas abso­lu­tas los con­tra­tos, con­ve­nios, arre­glos, com­bi­na­cio­nes o inter­cam­bios de infor­ma­ción entre com­pe­ti­do­res actua­les o poten­cia­les cuyo objeto o efecto sea fijar pre­cios, res­trin­gir la oferta, divi­dir mer­ca­dos o coor­di­nar pos­tu­ras en lici­ta­cio­nes (artículo 53). El riesgo crece por dos cam­bios: el inter­cam­bio de infor­ma­ción pasó a ser una moda­li­dad del acuerdo para cual­quiera de esas con­duc­tas, y la ley incluyó expre­sa­mente a los com­pe­ti­do­res poten­cia­les. Estas prác­ti­cas son nulas de pleno dere­cho.

Cáma­ras y aso­cia­cio­nes como agen­tes eco­nó­mi­cos. La ley incluye expre­sa­mente en ese con­cepto a las aso­cia­cio­nes, las cáma­ras empre­sa­ria­les y las agru­pa­cio­nes de pro­fe­sio­nis­tas (artículo 3o., frac­ción I). Una reu­nión gre­mial en la que se com­par­ten pre­cios, már­ge­nes o planes de capa­ci­dad entre com­pe­ti­do­res puede ser el esce­na­rio de un inter­cam­bio de infor­ma­ción ilí­cito, y la res­pon­sa­bi­li­dad alcanza tanto a la cámara como a las empre­sas que par­ti­ci­pan.

Multas más altas. Las prác­ti­cas mono­pó­li­cas abso­lu­tas se san­cio­nan con multa de hasta el quince por ciento de los ingre­sos del agente eco­nó­mico, y las rela­ti­vas, de hasta el diez por ciento (artículo 127, frac­cio­nes IV y V).

El con­trol de con­cen­tra­cio­nes. Las ope­ra­cio­nes que supe­ran los umbra­les del artículo 86 deben noti­fi­carse antes de cerrarse; por ejem­plo, cuando el monto de la ope­ra­ción en terri­to­rio nacio­nal es supe­rior a 16,000,000 UMA (1,876,960,000 pesos; mil ocho­cien­tos setenta y seis millo­nes nove­cien­tos ses­enta mil pesos). Los actos rea­li­za­dos sin noti­fi­car no pro­du­cen efec­tos, y no pueden regis­trarse en los libros cor­po­ra­ti­vos ni ins­cri­birse en el Regis­tro Público de Comer­cio hasta obte­ner auto­ri­za­ción (artículo 86). El plazo para que el Pleno resuelva se redujo a treinta días desde la recep­ción de la noti­fi­ca­ción o de la infor­ma­ción adi­cio­nal (artículo 90).

Inmu­ni­dad para quien coopere pri­mero. El agente que sea el pri­mero en apor­tar ele­men­tos de con­vic­ción sobre una prác­tica abso­luta antes de que inicie una inves­ti­ga­ción, coopere ple­na­mente y ter­mine su par­ti­ci­pa­ción recibe la multa mínima; quie­nes lle­guen des­pués pueden obte­ner reduc­cio­nes (artículo 103). Quien se acoge a este bene­fi­cio no tiene res­pon­sa­bi­li­dad penal por el delito del artículo 254 bis del Código Penal Fede­ral.