La matriz de riesgos legales por severidad: cómo leerla desde la dirección general

01Qué exige la norma

No existe en México una meto­do­lo­gía ofi­cial y obli­ga­to­ria para cla­si­fi­car ries­gos lega­les por seve­ri­dad. Aun así, la seve­ri­dad tiene una medida obje­tiva en la propia ley, que fija cuánto puede costar cada omi­sión, a quién alcanza y cómo se agrava. Una matriz seria se cons­truye con esos datos.

El techo de la san­ción. Las cifras varían en órde­nes de mag­ni­tud. Exce­der la jor­nada diaria máxima o no otor­gar el des­canso sema­nal se san­ciona con 50 a 250 UMA (de 5,865.50 a 29,327.50 pesos; de cinco mil ocho­cien­tos ses­enta y cinco pesos con cin­cuenta cen­ta­vos a vein­ti­nueve mil tres­cien­tos veinti­siete pesos con cin­cuenta cen­ta­vos), con­forme al artículo 994, frac­ción I, de la Ley Fede­ral del Tra­bajo. En datos per­so­na­les, las infrac­cio­nes de mayor gra­ve­dad llegan a 320,000 UMA: el artículo 59, frac­ción III, de la ley de la mate­ria las san­ciona con 200 a 320,000 UMA (de 23,462 a 37,539,200 pesos; de vein­ti­trés mil cua­tro­cien­tos ses­enta y dos pesos a treinta y siete millo­nes qui­nien­tos treinta y nueve mil dos­cien­tos pesos).

Los mul­ti­pli­ca­do­res. La Ley Fede­ral del Tra­bajo impone una san­ción por cada tra­ba­ja­dor afec­tado cuando un solo acto u omi­sión alcanza a varios, y duplica la multa en caso de rein­ci­den­cia dentro de los dos años siguien­tes (artículo 992). El Código Fiscal de la Fede­ra­ción aplica la multa de bene­fi­cia­rio con­tro­la­dor por cada bene­fi­cia­rio con­tro­la­dor (artículo 84-N). Así, una omi­sión modesta en lo indi­vi­dual puede vol­verse la más cos­tosa de la empresa según el número de per­so­nas que toca.

Quién res­ponde. La seve­ri­dad tam­bién depende de cuán­tas partes alcanza la san­ción. En sub­con­tra­ta­ción sin regis­tro, la multa de 2,000 a 50,000 UMA (de 234,620 a 5,865,500 pesos; de dos­cien­tos treinta y cuatro mil seis­cien­tos veinte pesos a cinco millo­nes ocho­cien­tos ses­enta y cinco mil qui­nien­tos pesos) se impone tanto a quien presta el ser­vi­cio como a quien lo recibe (artículo 1004-C de la Ley Fede­ral del Tra­bajo). Por eso, aunque el incum­pli­miento sea del pro­vee­dor, la empresa con­tra­tante debe cali­fi­car ese ren­glón como propio.

Los cri­te­rios de indi­vi­dua­li­za­ción. En datos per­so­na­les, la auto­ri­dad debe con­si­de­rar la natu­ra­leza del dato, la noto­ria impro­ce­den­cia de la nega­tiva al titu­lar, el carác­ter inten­cio­nal o no de la con­ducta, la capa­ci­dad eco­nó­mica del res­pon­sa­ble y la rein­ci­den­cia (artículo 60). Con esos cri­te­rios, la misma omi­sión pesa más en una empresa que trata datos de salud o finan­cie­ros.

Los efec­tos que no son multa. Algu­nas de las con­se­cuen­cias más caras no apa­re­cen en un tabu­la­dor de san­cio­nes: los pagos por sub­con­tra­ta­ción sin regis­tro no son dedu­ci­bles ni per­mi­ten acre­di­tar el impuesto al valor agre­gado (artículo 15-D del Código Fiscal de la Fede­ra­ción); la cesión de dere­chos de autor que no consta por escrito es nula (artículo 30 de la Ley Fede­ral del Dere­cho de Autor); y los accio­nis­tas de una S.A.S. que rebasa su límite de ingre­sos sin trans­for­marse res­pon­den de forma ili­mi­tada (artículo 260 de la Ley Gene­ral de Socie­da­des Mer­can­ti­les).